Del Blog de Santiago González
La Fiscalía del Supremo ha informado en contra de admitir una denuncia contra el ministro Fernando Grande, que es Marlasca por parte de madre, a cuenta de la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
La Fiscalía no ve indicios de delito en ello, por más que el ministro se aferrase a una causa para la destitución, que era al mismo tiempo pérdida de confianza y un proceso de relevo natural del mando. Era mentira, claro, como quedó claro en las preguntas que le formuló la diputada Macarena Olona, a las que no supo o no quiso responder. Dejando a un lado la contradicción entre la pérdida de confianza y el relevo natural, ¿qué relevo se produce un domingo a las diez y media de la noche, mediante una llamada de la directora general del Cuerpo, que fue precedida por otras dos, de un general y un teniente general (Berrocal y Santafé)? En las tres llamadas se le preguntó por el informe que la Guardia Civil estaba realizando en tanto que policía judicial sobre el 8-M, preguntas que el coronel no quiso responder con buen criterio. Omnes vulnerant, ultima necat, ya se sabe. La propia directora general, María Gámez explicó en documento oficial que fue cesado por «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento». No se puede decir más claro. Tampoco es mal dato que el ministerio tardara diez días en nombrar al relevo, tan previsto.
Hay que echar un ojo al artículo 550.2 de la Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio del Poder Judicial. Hoy cumple 35 años y aunque con ella empezó el magreo socialista con la Justicia, dice el citado artículo que los miembros de la Policía Judicial a quienes se hubiera encargado una investigación concreta “no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente”. La juez Rodríguez Medel debió hacerse fuerte en ello, pero le daría pereza.
El ministro del Interior nos ha salido caprichosón y ha puesto las obligaciones de su cargo al servicio de sus, por otra parte legítimas, preferencias sexuales. Seguramente los lectores han podido ver la curiosa imaginería del emblema de la Guardia Civil, el haz de líctores y la espada sobre el fondo de la bandera gay. Preguntado por ello lo teorizaba así: “Las instituciones están sobre todo para defender los derechos y las libertades de todos”. Hombre, señor Grande. Las instituciones están para defender los derechos de los ciudadanos, también los de aquellos que son gays, es decir, a defender que lleven su bandera, pero no están obligadas a adoptar su imaginería. Este es el ministro que ordena sancionar a los manifestantes que pasean la bandera nacional por la calle en la que viven los marqueses de Galapagar. Ya el año pasado intentó que 20 agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía (mitad y mitad) participaran uniformados en el desfile del Orgullo Gay. A pesar de pedírselo por carta a los directores generales de ambos cuerpos no vio satisfecho su deseo. Las leyes que regulan los derechos y deberes prohíben expresamente a los miembros asistir uniformados y con armas a manifestaciones cuando estén fuera de servicio. En fin, que la fiscala mayor ya se ha hecho perdonar su dicterio homófobo en aquella comida con Villarejo y su Garzón.