El Gobierno vasco, abrasado por su ardor en defensa del arraigo y contagiado por las cuitas sufridas por su homónimo central, ha decidido buscar la manera de castigar a aquellas empresas que decidan marcharse y trasladar su localización fuera de Euskadi mediante la exigencia de devolver las ayudas recibidas durante su estancia entre nosotros. No está claro si se refiere al cambio de su domicilio social, del fiscal o de sus instalaciones productivas. Pero, ¿está seguro el Gobierno de que es una buena idea? ¿Que es una actuación legal que cumple la legislación europea y no daña ningún aspecto de las libertades de circulación que constituyen el pilar de la Unión? ¿Que penalizar la salida de empresas no se convertirá en un menor atractivo para su llegada?

Vamos a ver, hay que suponer que las ayudas recibidas por todas las empresas lo han sido tras ser aprobadas por los organismos pertinentes y en base al cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y exigidos y controlados por ellos. Lo contrario nos llevaría de bruces al mundo de la prevaricación. De tal manera que quien ha recibido algo es porque ha cumplido con la ley y si ha asumido compromisos futuros, caso frecuente, debe cumplirlos en los plazos estipulados.

Pero aquí no hablamos de eso ¿no? Aquí no hablamos de exigir la devolución de unas ayudas recibidas por el hecho de no haber cumplido con las exigencias contempladas en su concesión. Hablamos de exigir su devolución como castigo a una decisión libre y posterior, que puede estar motivada por infinidad de razones que no tienen por qué ser ilegales y que están protegidas por las leyes que regulan en la Unión Europa la circulación libre de los factores de producción.

Que se marche una empresa siempre es una mala noticia para todos. Se pierde el empleo por ella creado, se pierde el impacto benéfico de su actividad en el entorno y se pierden los ingresos fiscales que generan. Por eso sientan tan mal a los gobiernos, que expresan su malestar de manera ruidosa –recuerde el caso Ferrovial en Madrid o el de Siemens aquí–, o a los afectados, que acostumbran a poner sordina a sus pesares.

Para evitarlo se pueden hacer varias cosas. Una es amenazarles con penas y castigos. Sin embargo, no veo la manera en que eso se pueda convertir en un incentivo para instalarse aquí, entre nosotros. Más bien, eso será un punto negativo, para el supuesto de que las circunstancias, de todo tipo, se den la vuelta. Un acontecimiento que no se puede obviar pues sucede con cierta frecuencia, por más que a los gobernantes de todas las latitudes les cueste considerarlo.

La alternativa es crear las condiciones de entorno adecuadas para que ningún responsable empresarial llegue a plantearse esa decisión. Me parece mucho más eficaz, aunque reconozco que es más difícil y que, al ser algo global que afecta a casi todos los órdenes de la vida económica y social, responde a una orientación ideológica que no siempre se da. Aquí en Euskadi se daba, pero no estoy seguro de que se dé hoy en día, porque las cosas han cambiado mucho. Recuerde lo que decía Churchill (yo no se lo oí decir, pero la frase se le atribuye a él): «Muchos ven al empresario como la vaca a ordeñar, otros lo ven como el lobo a abatir y casi nadie, como el caballo que tira del carro».

Mire el caso de Irlanda, por ahí fuera, o el de Madrid, por aquí dentro. Su éxito en la atracción de capitales y profesionales es evidente, lo certifican las estadísticas, y es difícil eludir la influencia que en ello ha tenido la creación de un espacio social amable, de una administración promotora y, cómo no, de un ámbito fiscal adecuado. Puede no gustar, faltaría más, conozco a muchísimos que esto no les gusta nada. Está muy bien, pero luego no vale quejarse. Castigar al que se va, en lugar de tratar de que no se vaya es un grave error. Lo bueno para los políticos es que nunca lo descubriremos, pues sabemos quién viene, pero desconocemos quién no viene y cuáles son las razones por las que no viene.