TONIA ETXARRI, EL CORREO 29/05/2013
· Se supone que los políticos deben ser honrados y parecerlo, no mentir y no hacer trampas. Pero como se ha cometido tanto abuso, el Gobierno de Urkullu ha elaborado un código de buenas costumbres con la pretensión de recuperar la confianza de los ciudadanos en la política, con mayúsculas. Patxi López ya ideó algo parecido, menos pretencioso e ineficaz porque el hartazgo de la opinión pública sobre las prebendas de los políticos y la opacidad de algunos de sus movimientos ha seguido situando a los representantes de la soberanía popular en el tercer lugar de la lista de sus preocupaciones. Urkullu vuelve a intentar recuperar la confianza perdida a través de unas normas éticas que, por supuesto, podrían ser completadas hasta llegar a emular las costumbres del Gobierno sueco cuyos ministros, salvo el primero, se han apeado del coche oficial. Por ejemplo. O podía haber manifestado su compromiso con la reducción del número de aforados políticos (de los 10.000 que existen en España, 117 están en Euskadi, frente a uno en Italia y cero en Alemania). Una declaración de intenciones que trasciende de la «educación para los políticos» pero que tendría muy buena acogida entre el pueblo llano que recela de los privilegios de los políticos.
Puestos a completar también podrían comprometerse a no saltarse las colas de la atención médica de Osakidetza. O a no colarse en las listas de espera de la matriculación escolar de sus hijos. La lista de ejemplos podría ser muy extensa, desde luego. Ayer dio mucho juego en las redes sociales, sin embargo, la norma del código ético que prohíbe mentir o «falsear» los datos del currículum profesional. Porque, inmediatamente, se activó el archivo que dejó sobre el expositor los casos del expresidente de la Generalitat José Montilla, el del secretario de Estado del PP Tomás Burgos, el de Elena Valenciano o el del recién nombrado asesor de Más Colell. Con complejos o delirios de grandeza. El caso es que ‘tunearon’ su historial académico.
Pero vale la pena detenerse en un capítulo relacionado con la libertad de expresión. El código prohíbe que los representantes cobren por participar en debates y entrevistas. Es muy oportuno que aclare el papel de un gestor público. Porque algún senador avispado ya llegó a reclamar en un programa televisivo el mismo trato económico que los periodistas. Y se le tuvo que explicar que un representante público acude a las entrevistas por razón de su cargo debidamente remunerado en la nómina.
Llama la atención, sin embargo, el exceso de celo del gabinete de Urkullu ante el peligro de que se detecte algún ‘verso suelto’ entre sus portavoces. Si no coinciden con la línea oficial del Ejecutivo, «deberán abstenerse de intervenir». Si discrepan, mejor que dimitan. La defensa de la política del Gobierno, mejor a través de los gabinetes de prensa. Nada de personalismos. Sin margen para los independientes. Parece que el Gobierno de Urkullu ha querido trasladar la disciplina de partido a las instituciones. Se desconoce qué habría opinado el PNV si este férreo control lo hubiesen dictado los socialistas. Pero, así leído, en negro sobre blanco, parece una medida asfixiante.
TONIA ETXARRI, EL CORREO 29/05/2013