- Supongo que no hace falta elaborar mucho la teoría de que no hay un país en Occidente donde un fiscal que hubiera pasado por cualquiera de estos casos habría mantenido su cargo. Con seguridad, en cualquier país habría presentado su renuncia y estaría sentado en su casa tomando sopitas y buen vino
El Debate publicaba ayer la fotografía del fiscal Álvaro García Ortiz participando el 14 de diciembre de 2019 en un acto del PSOE gallego en Santiago de Compostela. En esa época García Ortiz era fiscal delegado de medioambiente. Así las cosas, no puede sorprender que manifieste, un día sí y otro también, una fidelidad perruna al sanchismo.
Desde su primer nombramiento para el cargo de fiscal general del Estado en agosto de 2022, García Ortiz ha acumulado una ristra de actuaciones que le desprestigian a él y a la institución que encarna. Los ejemplos son casi infinitos, pero recordemos sólo algunos, por limitaciones de espacio. Todavía estamos esperando a que el fiscal general salga a defender la independencia de los jueces y los tribunales frente a los ataques que han recibido desde la tribuna de del Congreso de los Diputados. Y cuando digo defender a los tribunales, incluyo a los fiscales que actúan ante ellos. Pero el fiscal general quizá no quiera amparar a quienes no están en plena sintonía con la línea que el presidente del Gobierno ha impuesto a García Ortiz.
Esta actuación explica muy bien por qué el pasado 30 de noviembre el Consejo General del Poder Judicial ya anticipó que García Ortiz debía ser declarado no idóneo para el cargo. Era una declaración que nunca antes se había dado y ahora podemos entender por qué se hizo. A mayor abundamiento este fiscal general del Estado ha ignorado la petición del Senado de que elabore un informe –no vinculante– sobre la proposición de la ley de amnistía. Y por no ir mucho más allá, la Sala Tercera del Tribunal Supremo le atribuyó desviación de poder por haber nombrado a su predecesora y madrina en su nombramiento, Dolores Delgado, a la que designó fiscal de Sala de lo Militar.
Supongo que no hace falta elaborar mucho la teoría de que no hay un país en Occidente donde un fiscal que hubiera pasado por cualquiera de estos casos mantuviera su cargo. Con seguridad, en cualquier país habría presentado su renuncia y estaría sentado en su casa tomando sopitas y buen vino. Pero García Ortiz no es de esos. A él le es indiferente que cuatro magistrados y trece de los quince miembros de la Junta de fiscales de la Sala Penal del Tribunal Supremo, el generalato de la carrera fiscal, se opongan a su posición y quieran investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en el contexto de Tsunami Democràtic. Supongo que el presidente del Gobierno no pretenderá hacernos creer que esos trece fiscales son todos adalides de la «fachosfera».
Pero no. Todo eso le da exactamente igual a Álvaro García Ortiz y un observador de a pie como servidor de ustedes sólo puede concluir que para actuar así hay que ser una persona sin vergüenza ni pudor. Y, con frecuencia, la conclusión más simple es la más acertada.