EL MUNDO 03/02/15
EDITORIAL
MARIANO RAJOY y Pedro Sánchez firmaron ayer, por fin, el pacto contra el terrorismo yihadista en un acto solemne en el Palacio de la Moncloa. El acuerdo se produce tras una complicada negociación condicionada, desde el primer minuto, por la oposición frontal del PSOE a la prisión permanente revisable, que el PP incluirá en la futura reforma del Código Penal. El documento del acuerdo remite al desarrollo de esa reforma y no hace mención expresa a este punto en concreto, que los socialistas prometen derogar si llegan al Gobierno. Ha sido a fin de cuentas un subterfugio para salvar un escollo que ponía en peligro un acuerdo positivo y necesario porque sienta las bases para regular algo tan delicado y urgente como la lucha preventiva contra el yihadismo.
El acuerdo tipifica el terrorismo yihadista, considera como delitos específicos el adoctrinamiento fanático a través de internet, el alistamiento como voluntario en facciones muyahidines y prevé protocolos especiales de vigilancia sobre quienes regresan de zonas de conflicto. Esta última medida trata de dar una respuesta eficaz a la amenaza de los lobos solitarios. El documento entra de lleno, pues, en el complejo debate entre la seguridad y la libertad, pero el único motivo de desencuentro entre PP y PSOE ha sido el referido a la prisión permanente revisable. Los socialistas tienen legítimo derecho a estar en contra de lo que consideran una «cadena perpetua encubierta», pero no se habría entendido que los dos grandes partidos no hubieran sido capaces de firmar un pacto con el que España se homologa con el resto de Europa en su compromiso de respuesta y prevención ante el yihadismo.
Este acuerdo se produce casi un mes después de que un comando terrorista a las órdenes de Al Qaeda en Yemen y un lobo solitario decidido a hacer la guerra santa en el corazón de Occidente sembraran París de cadáveres. Basta recordar los atentados del 11-M para saber que el terrorismo islamista constituye un peligro real y global. Era preceptivo entonces que España, al igual que han hecho el resto de países libres, donde también existen sistemas legales y judiciales garantistas, adecuara su capacidad de reacción a la dimensión de una amenaza que es cada día más próxima.
A la espera de ver cómo se desarrolla el acuerdo, los dos grandes partidos han vuelto a demostrar su sentido institucional frente al terrorismo, como ya sucedió con motivo de los pactos de Ajuria Enea en el 84, de Madrid en el 87, o la Ley de Partidos de 2000. La amenaza ahora mismo la protagonizan Al Qaeda, el Estado Islámico y el resto de organizaciones del yihadismo internacional, y no ETA, pero el mensaje de «unidad y cohesión» entre ambas formaciones es idéntico.
Por ello no se entiende la respuesta del resto de partidos. IU se opone a apoyar un pacto a su juicio «precocinado», UPyD lo ha calificado de «chapuza y foto propagandística» y en opinión de CiU tiene «carencias democráticas». Pero todos los grandes pactos antiterroristas han nacido de un acuerdo previo entre PP y PSOE y no sería comprensible que las otras formaciones pretextaran matices ideológicos para no apoyar el texto firmado ayer por Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que se consolida así como líder creíble de la oposición.
Ante la amenaza más grave para la seguridad de Occidente, todos los partidos deberían eludir la tentación de dejarse llevar por intereses particulares en un año eminentemente electoral.