RUBÉN AMÓN-EL CONFIDENCIAL
- El regreso a la actividad plenaria después de 42 días sirve para coartar el órgano de gobierno de los jueces y escenificar el desencuentro del PSOE y ERC en vísperas del 14-F
Fue el pasado 17 de diciembre la última vez que los diputados ocuparon los asientos en una sesión plenaria. Y habrían transcurrido bastantes más días de no haber sido porque el Gobierno tenía que convalidar la montonera de decretazos y porque debía urgirse una reforma que incapacita las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial.
O sea, que el regreso a la plena vida parlamentaria después de 42 días de hibernación no obedecía siquiera a la emergencia sanitaria ni al caos normativo de la desgobernanza. Se trataba, más bien, de perseverar en la intoxicación de la separación de poderes y de utilizar las manivelas de la Cámara Baja para agilizar los decretos, incluido uno particularmente sensible que compromete las relaciones entre la coalición en el poder y los socios soberanistas.
La excusa de ERC radica en el rechazo al texto que tramita el maná de los fondos europeos. Digo que la excusa porque la verdadera razón consiste en marcar paquete y agenda en el contexto de las elecciones catalanas. Gabriel Rufián tiene encomendada la misión de desafiar al PSOE y Unidas Podemos. Y de transformar el Congreso en una carpa electoral. Le faltó un megáfono al portavoz de Esquerra, pero sí dispuso de su cuenta de Twitter para trasladar a Sánchez el rechazo a la tecnocracia comunitaria y la importancia que reviste el apoyo de los soberanistas en la legislatura.
Fue el pasado 17 de diciembre la última vez que los diputados ocuparon los asientos en un pleno
El chantaje enrarece los pactos, deteriora la salud de Frankenstein. Y añade incertidumbre al tablero político que puede configurarse o desfigurarse después del 14 de febrero. Por eso convenía fingir o exagerar un colapso preventivo en las relaciones del tripartito. Y, por la misma razón, los socialistas tuvieron que prestarse a mercadear el apoyo de Ciudadanos, decisivo como nunca porque el PP ni siquiera concedió la abstención al decreto que estructura las ayudas europeas.
Quiere decirse que el propio Parlamento se ha castrado a sí mismo. Y que se ha consentido un periodo inaceptable de inactividad. Ya sabemos que enero es un mes inhábil a efectos funcionales, pero no debería serlo en las circunstancias de urgencia de la tercera ola, más todavía cuando las comunidades autónomas reclaman mayores prerrogativas legislativas y cuando las medidas que se aprobaron hace más de dos meses se han quedado obsoletas.
No es fácil reconstruir el prestigio de la política cuando se expone a semejante maltrato el templo de la democracia representativa. Abrirse se ha abierto, pero estremece descubrir que la sesión del reencuentro ha servido para airear la campaña catalana, desaguar los decretazos de Moncloa e intimidar desde el poder legislativo al órgano de gobierno de los jueces, empezando por “requisárseles” la posibilidad de realizar nombramientos.