Un partido al desnudo

Las noticias de que Rodrigo Rato se habría acogido a la ‘amnistía fiscal’ de 2012 y que estaba siendo investigado por un posible delito de blanqueo de capitales generó una gran conmoción a comienzos de semana. La imagen del exvicepresidente saliendo detenido de su domicilio el jueves tarde provocó el alborozo espontáneo de muchos ciudadanos. El caso presenta infinitas incógnitas respecto a la trayectoria del investigado, pero también respecto a la sorprendente actuación de la Agencia Tributaria al dar cuenta de sus pesquisas a la Fiscalía de Madrid y no a Anticorrupción. El asunto no solo invita a barajar las más diversas hipótesis sobre cómo pudo enredarse Rato en la madeja siempre codiciosa del poder, y por qué el foco de la sospecha vuelve sobre él ahora y así. Sitúa además todas esas hipótesis, por contradictorias que parezcan, como realidades compatibles.

Es más que probable que Rato lo viera venir desde mucho antes. Las manifestaciones públicas de algunos dirigentes del PP deplorando la conducta de su ídolo sin aferrarse a la consabida presunción de inocencia, y las de los ministros de Hacienda y de Justicia y las del secretario de Estado, José Luís Ayllón, transmitiendo el mensaje de que las instituciones funcionan y son implacables contra la corrupción fueron el preámbulo de su detención. Es la secuencia que abona la versión del chivo expiatorio, de la oportunidad para deshacerse de un lastre tan llamativo que eclipsara todo lo demás. Habría sido una operación urdida para aligerar la carga que soporta el PP demostrando hasta qué punto el partido y sus actuales dirigentes están dispuestos a depurar las responsabilidades de esos que ya no son ‘de los suyos’ precisamente por corruptos. Una operación orientada a subrayar la inocencia del presidente Rajoy, sorprendido nuevamente por la calaña que le rodeaba en su ingenuidad.

Una variante más rebuscada de esa hipótesis la encontramos en la versión de la ‘voladura controlada’ a modo de cortafuegos. La amnistía fiscal de 2012, a la que se acogieron 618 sociedades y 29.065 personas, habría aflorado, por lo menos, 705 expedientes que presentarían indicios de blanqueo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, no tuvo empacho en evidenciar esta semana que conocía el dato publicado y en admitir que los señalados son personas «políticamente expuestas». La detención de Rato sería algo así como la vacuna con la que el Gobierno trataría de adelantarse a un nuevo brote epidémico de revelaciones de corrupción, en la seguridad de que si van apareciendo otros políticos, jueces, fiscales y notables varios, objeto de una investigación similar, el escándalo esté amortizado en la medida de lo posible. Esta hipótesis se basaría, en el fondo, en un supuesto desgraciadamente verosímil: la existencia de un núcleo de poder tan engreído que se considera capaz de manejar a la Fiscalía y a la Justicia y, además, de controlar los efectos que cada acto induzca en la opinión pública. ¿Puede a estas alturas haber gente tan ensoberbecida en el Gobierno de España? Pues sí, puede haberla.

Las loas al funcionamiento ejemplar de las instituciones han sonado a hueco en las últimas horas. Esteban González Pons reivindicando para el PP la solvencia del sistema. Pablo Iglesias aprovechando la ocasión para matizar que Podemos trata de salvar las cosas buenas del ‘régimen del 78’. En cualquier caso hay una hipótesis que se entrecruza inevitablemente con las anteriores: funcionarios que narran a modo de acta lo que ven, inspectores que no pueden cerrar los ojos ni recurrir al olvido, fiscales y jueces que están sometidos al escrutinio público, infinidad de testigos más o menos agraviados dispuestos a contar lo que saben y miles de amnistiados fiscales temerosos de acabar apareciendo en los papeles. Todas las versiones ‘conspiranoicas’ se quedan en nada ante la fuerza emergente de un deseo insobornable de justicia. Que la pague Rato no es suficiente para la sed de revancha que despierta la mera advertencia de que mañana pueden ir a por ti.

La caja de los truenos ya no tiene cobertura. La demanda pública de que se conozca la identidad de los beneficiados por las sucesivas amnistías fiscales –en tanto que defraudadores– acabará desembocando en una propuesta de reforma constitucional que impida regularizaciones con descuento tributario. Ádemás, cada imputado –de Bárcenas a Rato por ahora– se convierte en una fuente potencial de información valiosísima.

La catarsis provocada por la detención de Rodrigo Rato entre sus admiradores se parece mucho a los efectos que produjo la confesión de Jordi Pujol, en julio de 2014, sobre sus herederos políticos. En aquel caso y en éste la ‘casta’ próxima ha optado por acotar el problema como si se debiera a un desvarío personal, salvando siempre la épica honorable de los servicios prestados en el pasado a Cataluña o a España. Pero la indecencia de su conducta no solo ensombrece moralmente su ejecutoria. Obliga además a revisar los mitos establecidos por el papanatismo patrio. En este caso, esa historia de artífice del crecimiento económico que acompaña a Rodrigo Rato y que actuaría como falaz argumento para una indulgencia colectiva de los populares.

Pero aun hay más. El episodio ha confirmado la distancia a la que el Gobierno de Rajoy se sitúa respecto a su partido. El puente de mando no siente necesidad alguna de informar a la tripulación sobre cada una de sus maniobras, y ésta se reconforta con el privilegio de aplaudir las sabias decisiones del capitán, como lo hizo en la junta directiva del pasado 7 de abril. Poco importa que los candidatos del PP a las municipales y autonómicas del 24 de mayo se sientan a merced de los elementos. No tienen más remedio que aferrarse a eso que parece flotar, sin siquiera preguntarse qué es, por temor a acabar ahogados. Ya lo advirtió Rajoy, el 24 de mayo toca sacrificarse para que él pueda quedar a salvo en las generales de noviembre.