El presidente del Gobierno y el líder del PP han decidido echarse un último pulso. Podemos invertir el orden de los factores. El líder del PP y el presidente encuentran más estímulos en la confrontación que en el acuerdo. En este caso se han citado en un terreno que no importa a mucha gente. El CGPJ y el delito de secesión. Pero que está forzando las cuadernas del sistema democrático. Y tensiona a los dos primeros partidos del país. Sencillamente porque el resultado final de la liza electoral puede decantarse por la gestión de eso que importa a poca gente.

Alberto Núñez Feijóo cambió anteayer de postura, después de que los populares manifestasen que la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el asunto de la secesión correspondían a negociados distintos. Pero eso fue cuando Sánchez parecía resuelto a dormir el balón de la reforma penal, alegando que no contaba con la mayoría absoluta necesaria. A partir de ahí se sucedieron declaraciones de responsables del Gobierno y del propio presidente insistiendo en la necesidad de europeizar el tipo. Es lógico pensar que a alguien le pareció interesante dejar correr la pelota. A sabiendas de que el PP no podría firmar un acuerdo sobre el CGPJ con el anuncio de una posible modificación del delito de secesión como telón de fondo.

La política partidaria se vanagloria sobre todo de descolocar al adversario. Conseguirlo a cuenta de lo que sea equivale a una victoria parcial. En este caso la dirigencia socialista efectiva, la Moncloa, está obligada a convencerse de que ha terminado descolocando a Feijóo. Aunque su satisfacción se versionará como destreza para desenmascarar al expresidente gallego, lo que más alegra al socialismo de Sánchez es ver al aspirante popular como una figura poco hecha, influenciable y retraída.

Pero aún en el caso de que haya algo de verdad en esa última descripción, puede resultar engañoso suponer que Sánchez se la ha jugado y bien a Feijóo, tentándole a participar de un acuerdo (solo ayer se reveló que el presidente quería cerrar ayer) haciendo caso omiso a la posible reforma o a la reforma posible del delito de secesión en el Código Penal. Al tiempo que desde el Gobierno se alentaba tal eventualidad como con inocencia.

Puede que el CGPJ continúe en el limbo del desacuerdo partidista, y puede que no se modifiquen los artículos del Código Penal relativos al delito de secesión. Pedro Sánchez confidenció con los periodistas que le acompañaban en su viaje por África, señalando dos condiciones para ese cambio en una ley orgánica: que ERC acabe votando a favor, y que reconozca que en 2017 se cometieron delitos. Se supone que por parte de quienes fueron condenados por el Supremo. Ayer la consejera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrá exigió que la sedición cumpla con los «estándares europeos». Categoría que nadie puede establecer unilateralmente. Menos si cuestiona el tipo penal. Es probable que Pedro Sánchez haya conseguido descolocar a Alberto Núñez Feijóo. Pero al precio de descolocarse a sí mismo. Aunque el poder sirve también para sortear eso.