EL MUNDO 18/02/15
VICTORIA PREGO
Lo que se publica en las páginas de al lado tiene todo el aspecto de un intento de soborno a un técnico que está a punto de declarar como imputado en la causa de los presuntos espionajes a Manuel Cobo y Alfredo Prada, antiguos altos cargos en la Comunidad de Madrid.
Y lo que se le ofrece es un puesto que ni pintado para él y que le está esperando en el seno de la comunidad, un puesto al que el técnico con contrato indefinido aspira, pero al que no podrá de ninguna manera acceder si «pega el bombazo», es decir, si declara lo que sabe o si lo que declara perjudica a otros. Entonces sería cuando el puesto que le está siendo prometido bajo cuerda y en medio de muchos circunloquios «se iría a tomar por el culo», expresión que, en ese caso, ya su interlocutor no se esfuerza por envolver con fórmulas de mantequilla.
Estamos ante un intento de soborno, es clarísimo. Ahora es obligado establecer con la máxima seguridad quién o quiénes están interesados en callar la boca al empleado Pinto y por qué. Es decir, quiénes están implicados en una operación que les puede acarrear problemas lo bastante serios como para enredarse en tratar de hacer declarar en falso a un imputado en un proceso penal.
Los nombres que se recogen en estas páginas y que aparecen en la conversación tienen una enorme trascendencia. En primer lugar, Agustín Carretero, ex magistrado, que en el momento de la conversación aquí reproducida era director de la Academia de la Policía de Madrid y que ahora mismo es nada menos que director general de Justicia de la Comunidad. Pero aparece otro nombre cuya presencia en el transcurso de la conversación convierte el documento en una implicación gravísima del Gobierno de Madrid en su conjunto. Porque aparece la mano derecha de Ignacio González, el consejero de Presidencia, Salvador Victoria. De estas conversaciones se deduce que la oferta para que el técnico guarde silencio sobre lo que sabe incluye una promesa del propio Victoria y eso eleva hasta la mismísima cúpula del
Gobierno autonómico la implicación en este asunto decididamente envuelto en aires calabreses. De auténtica mafia.
Llegados a este punto se hace obligado y radicalmente urgente que todas las personas mencionadas en estas grabaciones den las explicaciones que puedan dar y desmonten con pruebas, si son capaces de aportarlas, la veracidad de las grabaciones que hoy conocemos. El episodio de los espionajes tiene ya seis años de existencia y aún está pendiente de ser aclarado en los tribunales. Pero es que alrededor del Gobierno de la Comunidad están empezando a proliferar de manera alarmante demasiados episodios cargados de sospechas que podrían complicar drásticamente la inminente designación de candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales de Madrid.