KEPA AULESTIA, EL CORREO – 17/01/15
· El yihadismo no puede convertir a la democracia en un estado de sospecha generalizada.
Las amenazas extremas ponen a prueba la democracia como sistema de seguridad y como sistema de libertades. El grado de civilización humana tiene que ver con la contención de las incertidumbres que afectan a una determinada sociedad. El terrorismo yihadista es tan imprevisible e introduce una ética tan disparatada respecto al Bien y al Mal que nos desplaza hacia los bordes de la civilización. Nuestro Estado de Derecho no está diseñado para confrontar el terrorismo global. La inducción de cada atentado se localiza en un lugar remoto y se produce a modo de directriz genérica. La cadena de mando no es perceptible. Los yihadistas de a pie no persiguen un fin inmediato y asumen la muerte propia como consecuencia lógica de su misión asesina, lo que deja en nada el poder disuasorio del Código Penal. El proceso de radicalización y acción se produce de manera inopinada. Las pruebas son muy difíciles de consignar. La reivindicación de los atentados es muchas veces difusa y ajena a una orden previamente dada.
Pero una cosa es adecuar los medios disponibles a la naturaleza escurridiza del terrorismo global, y otra muy distinta desbaratar el sistema de garantías, convirtiendo el estado de alerta permanente en ‘estado de sospecha generalizada’ hacia ese tipo inerte de ser humano que, presumimos, es susceptible de activarse en la yihad violenta. Porque el cuestionamiento de las garantías democráticas hace que sea el Estado quien se convierta en factor de inseguridad para los ciudadanos. Ayer el Consejo de Ministros trató sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional, incluyendo en su definición la defensa del Estado de Derecho, es de esperar que el de éste.
El ‘estado de sospecha generalizada’ daría carta de naturaleza a la confección de listados ‘al margen de la ley’. De los retornados de Siria, Irak, Yemen, y de los provenientes de buena parte de Oriente medio y de los países de África con fuerte presencia yihadista, o de mayoría musulmana. Se les añadirían quienes pudieran acercarse a las fronteras europeas en solicitud de refugio político… porque nunca estará clara su procedencia ni sus intenciones. Si el ámbito propicio para la captación yihadista son las cárceles, las mezquitas y los arrabales, tanto los vínculos familiares y de amistad como la atracción ejercida por algunas webs, nada de eso podría abarcarse sin abarcarlo todo.
Suspendiendo Schengen, empleando la guerra cibernética contra la yihad, cancelando whatsapp, vigilando a los usuarios de determinadas webs cuya relación se actualice a cada segundo, elaborando listas interminables de prioridades policiales, y legalizando el registro de pasajeros, aunque nuestros diputados y senadores se resistan a dar cuenta de a dónde van en sus viajes pagados por el erario. La tentación de atajar todos los peligros imaginables y, de paso, soslayar los errores cometidos hasta la fecha con medidas ideadas a bulto está presente en el discurso de distintos mandatarios europeos, como lo ha estado en la semana de locuaz hiperactividad que nos ha brindado el ministro Fernández Díaz.
Claro que el Estado de Derecho no debe funcionar únicamente de puertas adentro de las sociedades democráticas. Los gobiernos occidentales se enfrentan, conflicto a conflicto, al dilema de intervenir contra el terrorismo yihadista ‘en origen’ para que no salte a Europa y a Norteamérica u optar por estrategias de distracción que ‘regionalicen’ las atrocidades que se cometen en territorio talibán, en los dominios del Estado Islámico o por parte de Boko Haram. La inexistencia de un mandato internacional para actuar con arreglo a la Ley, después de Afganistán, de Irak y de Libia, se emplea como oportuno subterfugio que permite acotar tales brotes de ignominia, no sea que nos salpiquen de lleno. Nada más elocuente que la insignificancia internacional a la que han sido condenadas las más de 200 niñas secuestradas el 14 de abril de 2014 en Nigeria. Casi un año después el mundo solo piensa en que quizá se hayan hecho a su horrible cautiverio como mal menor. La indecencia forma parte de nuestras vidas, pero se trata además de un cálculo erróneo, porque el yihadismo nunca se conciliará con un Occidente en paz.
Los ataques del 11-S de 2001 y los atentados del 11-M de 2004 consumieron todo el oxígeno que el terrorismo de ETA necesitaba para legitimarse de cara al futuro. Ya no hay sitio para los terrorismos locales. Solo queda la duda sobre si Al Qaeda y el ISIS son competidores o concurrentes en el mercado de la violencia extrema. ETA no condenó el 11-S y únicamente tuvo que desentenderse del 11-M. Sus herederos han tomado más distancias respecto a los asesinatos de París, porque ya han renunciado a la violencia y porque la alerta compromete la seguridad de su desactivada y todavía armada retaguardia en suelo francés. Tiempo antes de su declaración del 20 de octubre de 2011 ETA ya había pasado a ser un problema de seguridad amortizado que hoy solo ensombrece la libertad en sentido moral: por su reivindicación del pasado como nexo totémico de la izquierda abertzale.
A pesar de lo cual el tema ETA se mantiene como asunto de la agenda política en una dialéctica que enfrenta a quienes consideran que podrían introducirse nuevas modificaciones legales para prorrogar al máximo las penas de cárcel o asegurar su cumplimiento estricto con aquellos que reclaman lo contrario: facilidades para aligerar dichas condenas.
La reaparición de la amenaza yihadista permite evocar la trayectoria del terrorismo vasco. Especialmente si, como parece, las ‘células’ apostadas en Bélgica tenían como objetivo atentar contra policías. Pero también invita a limitar drásticamente el tiempo y el espacio que las instituciones y los partidos dedican a la contumacia etarra. El oxígeno que la sociedad democrática precisa para hacer frente a la amenaza yihadista no puede desperdiciarse en corregir la ‘ley de la gravedad’.
Esa por la que algún día ETA dejará de respirar sin que importe mucho qué pasa con su arsenal de cajas de cartón, cesarán los juicios pendientes siempre que no se pospongan, sus presos irán saliendo a la calle por extinción de condena mediante beneficios o sin ellos, y la izquierda abertzale dejará de hacerse la indignada para ocupar tan solo el lugar que le concedan las urnas.
KEPA AULESTIA, EL CORREO – 17/01/15