La carta contiene, por otro lado, aspectos alarmantes. En contra de lo razonable y prudente que sería dar pruebas incontestables de que las acusaciones de beneficiar a promotores de eventos de la esposa del presidente son irreales, Sánchez se centra en atacar y descalificar como extrema derecha a la prensa y la oposición. Como un ciudadano más, el presidente del Gobierno debería aceptar que su esposa también está incluida en el axioma democrático de que todos somos iguales ante la ley. Abrir una crisis institucional, con un tono apocalíptico, como si el problema fuera que la derecha quiere dar una especie de golpe para echar a un gobierno progresista es rozar el juego sucio. Sus problemas, más allá de la investigación judicial a Begoña Gómez son otros. Un gobierno cuyas constantes vitales dependen de un fugado de la justicia; sin Presupuestos Generales del Estado; un socio de gobierno cada vez más crítico porque su hundimiento en las urnas le obliga a marcar distancias y un bloque de investidura cada vez más inestable. El ejemplo de su ex-colega portugués, Antonio Costa, que en cuanto conoció que varios de sus ministros estaban siendo investigados, anunció, inmediatamente después, que no podía seguir al frente del país con la presidencia del Gobierno bajo sospecha, es otra forma más razonable de afrontar la situación. Pero si finalmente Pedro Sánchez, no está haciendo una puesta en escena, ni lanzando un órdago a la nación y decide dimitir de sus funciones, lo más democrático sería que la vicepresidenta primera se hiciera cargo interinamente de la presidencia para convocar cuando se cumpla el plazo mínimo legal elecciones generales.