La reforma de la financiación autonómica ha logrado algo poco frecuente: unir en su rechazo a comunidades gobernadas por PP y PSOE. Andalucía y Castilla-La Mancha discrepan de un modelo que consideran perjudicial, pero coinciden además en una objeción institucional decisiva: un sistema que afecta a todos los españoles no puede nacer de una negociación bilateral con ERC para ser presentado después al resto de autonomías como un acuerdo cerrado. El problema no se resuelve anunciando más recursos. Tanto Carolina España como Juan Alfonso Ruiz Molina advierten de que sus comunidades continuarían infrafinanciadas y cuestionan unos criterios que, a su juicio, consolidan diferencias territoriales. La financiación debe atender las necesidades de los ciudadanos y preservar su igualdad, no responder a conveniencias parlamentarias. España necesita reformar el sistema, pero hacerlo exige transparencia, multilateralalismo y objetividad. Convertir su reforma en otra pieza de los acuerdos del Gobierno con el independentismo sólo agrava un problema que requería precisamente consenso.