La invasión de Ucrania por Rusia ha relegado a un segundo plano informativo la crisis del Partido Popular. Y, sin embargo, la situación que atraviesa la principal fuerza de la oposición reviste una mayor gravedad en el contexto bélico al que nos enfrentamos. Realmente, la profunda crisis que padecen muchas democracias occidentales tiene como una de sus causas el funcionamiento de los partidos políticos. A los partidos (artículo 6 de la Constitución) se les exige que respeten en su funcionamiento interno los principios de la democracia y el Estado de Derecho. En lo que respecta al cumplimiento de esos estándares, el PP no es peor que los demás, pero el conflicto vivido estos días obliga a poner el foco en él.

El principio de democracia es incompatible con cualquier caudillismo o cesarismo en virtud del cual un líder investido por las bases pueda actuar sin ningún tipo de control político por los órganos que reflejan el pluralismo interno. Los partidos no pueden convertirse en proyectos personales, basados en la lealtad a un líder en lugar de en la fidelidad a un proyecto. En este sentido, el próximo congreso del PP no debería tanto centrarse en reemplazar a Pablo Casado por otro dirigente como en acordar un proyecto sugestivo en el que pueda reflejarse la mayoría de los afiliados y eventuales votantes del espectro ideológico del centro-derecha.

Evidente resulta que, una vez articulado el proyecto, el partido debe deliberar sobre la persona que reúna mejor competencia técnica, solvencia profesional, credibilidad y experiencia para liderarlo, bajo el control permanente de los órganos representativos del partido. En un partido democrático no tienen cabida quienes apelan directamente a las masas para derribar a sus dirigentes legítimos. El ‘autoescrache’ que sufrió en su sede la dirección del PP con el apoyo de miembros del mismo ha sido uno de los episodios más vergonzosos de esta crisis.

El principio de Estado de Derecho exige que los dirigentes del partido velen por que quienes ejercen el poder en su nombre cumplan la ley y no incurran en prácticas corruptas. En el ejercicio de esa obligación ‘in vigilando’, la dirección del partido debe respetar la presunción de inocencia de los militantes y estos disponer de los medios de defensa pertinentes. En última instancia, la garantía fundamental en este ámbito reside en la existencia, en todo partido, de un órgano o comisión dotado de la máxima ‘auctoritas’ y que, desde la más completa independencia y neutralidad, esté en condiciones de instruir y resolver los expedientes contra aquellos miembros que incurran en comportamientos reprobables. Es sorprendente que las graves acusaciones de «espionaje ilegal» proferidas por Ayuso o las de «contrataciones irregulares» sostenidas por Casado no hayan servido para activar esas comisiones de garantías.

La crisis del PP se ha transmitido a la opinión pública como una pura lucha personalista por el poder y a cualquier precio. Este insensato conflicto determina que en este momento no hay en España una oposición que esté en condiciones de reemplazar al actual Gobierno. Y ello en un momento en que la conformación del Ejecutivo puede resultar finalmente inviable.

La invasión rusa de Ucrania es lo más grave que ha ocurrido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En el Gobierno de España figuran ministros de un partido que ayer pedía la disolución de la OTAN y la neutralización de Ucrania (el programa de Putin) y que mantiene buenas relaciones con los principales aliados de Moscú (Cuba, Venezuela). Rusia fue la potencia que intervino decisivamente, aunque sin éxito, a favor de la insurrección de Cataluña en 2017 y ninguna duda queda ya de que su objetivo es la desestabilización de Europa y la destrucción de sus valores democráticos y liberales.

Para hacer frente a la agresión rusa y a sus consecuencias económicas, lo deseable sería la conformación de un Gobierno de unidad nacional que integrase al menos a los dos partidos sistémicos y al que podrían incorporarse otros como el PNV, que con lucidez y valentía ha dicho que «no podemos quedarnos cruzados de brazos» ante la agresión rusa. Lamentablemente, el sectarismo y la polarización extrema hacen inviable esta solución, pero la unidad democrática de PSOE-PP (y otros) es imprescindible para hacer frente a Rusia. La fotografía del Consejo de Seguridad Nacional del miércoles presidido por el Rey en el que participó una destacada militante del Partido Comunista provoca una comprensible preocupación. En ese contexto, y sea cual sea el desenlace de la crisis del PP -que parece presagiar un relevo hasta cierto punto ordenado de Casado por Feijóo-, el presidente Sánchez tiene la obligación de mantener un contacto permanente con ambos y priorizar la unidad con la oposición en la más grave crisis vivida en Europa desde la invasión nazi de Polonia.