El Gobierno vasco no va a cumplir la orden de nuevas restricciones que el Ministerio de Sanidad tampoco acaba de publicar en el BOE. La última reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad ha supuesto el punto de mayor fricción entre el Ejecutivo Urkullu y el Gobierno Sánchez, precisamente cuando la pandemia tiende a remitir gracias a la vacunación, y coincidiendo con la rebelión de las autonomías presididas por el PP vindicando también su ámbito competencial. Tras empeñarse en dar fin al estado de alarma, el Gobierno central se encuentra con límites políticos y dificultades jurídicas para que prevalezca su criterio frente al de los gobiernos territoriales.

Parece muy dudoso que las medidas que cuentan con el favor de once autonomías sean cruciales para que la curva epidémica descienda por debajo de los 50 casos de media nacional de cara al verano, mientras la movilidad generalizada hace imposible identificar nuevas cadenas de contagio. La orden de obligado cumplimiento que el Ministerio hizo llegar ayer a las autonomías solo podría explicarse si la iniciativa fuese definitiva para terminar con la pandemia. Pero tampoco está claro que la desobediencia aporte más beneficios sanitarios y sociales que la claudicación. Más bien parece que se confrontan dos opciones políticas: la pretensión de restituir al Gobierno central el liderazgo frente a la pandemia y la oportunidad de hacerse valer en nombre del autogobierno.

En un tiempo político en el que los resultados del 4-M pueden contrarrestarse con los anuncios de vacunación, los indultos para los líderes independentistas condenados pueden contrapesarse con declaraciones en defensa de la integridad territorial frente a Marruecos, los escándalos de la ‘Kitchen’ pueden sortearse con un viaje a Ceuta, ninguna decisión se escapa a su intencionalidad política y partidaria. La propia exposición de la ministra Carolina Darias a dos empeños tan inexplicables como la forzada Declaración de Actuaciones Coordinadas y el discutido sistema de elección de plazas por los MIR podría desembocar en que su nombre aparezca entre los ‘quemados’ del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos días de sus solo cuatro meses de mandato en Sanidad.

Euskadi puede acabar siendo la última mancha roja en el mapa español a la que se señale desde las autonomías en verde como culpable de que no se reactive la afluencia de turismo extranjero. Multiplicamos por más de 5 la tasa de incidencia de la Comunidad Valenciana, cuando el gasto sanitario público en ésta es de 1.477 euros por habitante y año -próximo a la media española-, mientras que Euskadi se sitúa a la cabeza ‘del estado’ con 1.873 euros. Es inexplicable que los vascos terminemos los últimos con la pandemia. Claro que se trata de un ranking oculto para la satisfacción colectiva. De ahí que nos venga bien la rebelión autonómica tras la que disimular un fracaso de fondo. Urkullu en rebelde lo vio así, mientras lograba la anuencia de los socialistas vascos.