Ahora, cuando acaba de aprobarse una nueva Ley del Cupo Vasco para el período 2022-2026, es oportuno establecer el balance de la aplicación de esta peculiar forma de financiación del País Vasco de acuerdo con la cual a la región se le asigna enteramente la recaudación de los impuestos concertados por parte de las Diputaciones Forales a cambio de que el Gobierno Vasco se haga cargo, a través del Cupo, del coste de las competencias que ejerce el Estado y que no han sido transferidas a la Comunidad Autónoma. No discutiré ahora lo artificioso de este planteamiento en la práctica fiscal de las relaciones entre el País Vasco y el Estado, pues de todos es sabido que los cálculos que corresponden a esa transacción carecen de rigor contable y son más bien fruto de un acuerdo político en el que se hacen valer los apoyos que la representación del PNV en el Congreso de los Diputados pueden otorgar al gobierno nacional de turno. Lo que ahora me interesa es observar cómo se ha cumplido la letra —y los dineros— de las leyes del Cupo, aprovechando la información que, a este respecto, ha publicado la Intervención General de la Administración del Estado. Los datos —que se reflejan en el cuadro adjunto— hacen referencia a las cantidades anuales liquidadas por el Gobierno Vasco en el Tesoro entre 2002 y 2021.

En esos datos, el lector podrá advertir inmediatamente que en el primer período quinquenal —que corresponde a la Ley del Cupo de 2002— el País Vasco cumplió escrupulosamente con las cantidades pactadas, de manera que ingresó en el Tesoro un promedio de 1.203,3 millones de euros, una cantidad esta que superó en un poco más del 10 por ciento a la establecida en la norma. Esto no debe extrañar porque la ley fija el Cupo líquido que corresponde al año base —en este caso, 2002— y para el resto del período se establece una fórmula de revalorización que depende de las previsiones de recaudación estatal de los tributos concertados en cada ejercicio con respecto a las del año base.

Esta dinámica inicial se mantuvo en los dos primeros años del quinquenio siguiente, cuyo Cupo se estableció en la ley de 2007, de manera que la cantidad liquidada —1.638,2 euros— fue prácticamente igual a la regulada legalmente. Pero no ocurrió lo mismo después. La ley que acabo de mencionar fue prorrogada por un quinquenio más, por lo que la comparación entre los ingresos del País Vasco en el Tesoro hay que compararlos con lo regulado en ella. En concreto, el promedio del período 2009-2016 se cifró en 805,7 millones de euros, un poco menos de la mitad de lo previsto, lo que se debió a la fuerte caída que experimentaron las liquidaciones desde 2009 hasta 2012. Una caída que empezó a recuperarse más tarde, aunque sin llegar en ningún momento a las cifras del bienio 2007-2008.