El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, se reunió ayer en la ciudad suiza de Ginebra con una delegación de Junts en el primero de los encuentros sujetos a verificación internacional sobre el acuerdo suscrito entre ambas formaciones el pasado 9 de noviembre. Que dos partidos con presencia parlamentaria ininterrumpida desde 1977 -Junts es la refundación de CDC- necesiten de un acompañamiento extracomunitario para entenderse es reflejo de una falta de madurez política inexplicable. Que esa necesidad surja en torno a la investidura y a la gobernabilidad de España sugiere una cesión injustificable de soberanía, por la que el independentismo catalán trata de hacerse valer a expensas del partido en el Gobierno y de la democracia española. El acuerdo PSOE-Junts justifica tal necesidad por «las profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos». Ayer mismo la portavoz de En Comú, integrante de Sumar, Jessica Albiach, manifestaba que la multiplicidad de mesas de encuentro en torno a Cataluña se debe a la desconfianza que mantienen ERC y Junts. Partidos que rompieron la coalición de gobierno de la Generalitat en octubre de 2022 a pesar de que, al parecer, recurrieron a los oficios de la Fundación Henry Dunant para mejorar sus relaciones.

El PSOE necesita solo los siete votos de Junts en el Congreso. El que necesita al verificador no español y hasta extracomunitario es Carles Puigdemont, para así ritualizar la excepcionalidad que, sorprendentemente, el presidente Sánchez hizo suya el jueves. No tiene sentido defender la indiscutible legitimidad de las decisiones que el Congreso adopta por mayoría -empezando por la investidura del propio Sánchez- para luego alegar que el partido del Gobierno se enfrenta a una situación excepcional que precisa recursos excepcionales. Es la reunión en Suiza y el verificador lo que resta legitimidad al funcionamiento ordinario de los órganos constitucionales. Las voces del PSOE, incluida Francina Armengol, vienen insistiendo en que se inicia una «legislatura compleja». No hay nada en la trayectoria del diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez que permita esperar nueva luz sobre debates tan intrincados como la constitucionalidad y alcance de la proposición de ley de amnistía, la interpretación del artículo 92 de la Constitución, o la actualización de la financiación autonómica.