José Luis Zubizarreta, EL CORREO, 26/2/12
La crisis lo tapa todo. Hasta un asunto que habría ocupado un lugar estelar en el debate político y en los medios, como es el de la liquidación definitiva del problema del terrorismo, ha quedado relegado a un segundo plano. Sólo de manera intermitente saca tímidamente la cabeza para sumergirse enseguida de nuevo en el olvido. En esto, la superestructura política y mediática se ha decidido, por fin, a reflejar un sentir popular que ha ocultado en el baúl de los malos recuerdos esta preocupación que le había tenido obsesionado durante décadas. Mejor que así haya sido. Pocas cosas han hecho más daño a la política antiterrorista que la discusión pública de las medidas que adoptaba. Quizás este nuevo sosiego ayude, una vez que ETA ha desistido, a asentar entre todos un nuevo tiempo de convivencia.
Esta semana ha sido una excepción. Han tenido lugar en ella tres episodios que, pese a su diversa naturaleza, convergen en un mismo objetivo: el de reactivar el debate sobre un proceso que, por mucho que haya decaído en la opinión pública, no debe quedar aparcado. Hablamos, en efecto, de uno de esos fenómenos patológicos que, si no se erradican del todo, vuelven a hacerse presentes de una u otra forma.
El primer episodio tuvo lugar el martes pasado en el pleno del Congreso de los Diputados. Con ocasión de una propuesta descaradamente demagógica de la líder del UPyD, en la que demandaba extemporáneamente la ilegalización de Bildu y Amaiur, y pese a la triquiñuela utilizada por la diputada con el único fin de no quedar aislada en su populismo, todos los demás partidos de la Cámara, menos la coalición Amaiur, cerraron filas para, además de rechazar la propuesta, pronunciarse sobre la nueva situación creada a partir del 20 de octubre del año pasado y diseñar un genérico y tímido esbozo de la política que instituciones y partidos habrán de seguir en adelante.
El texto pactado, que, pese a no haber sido votado por el obstruccionismo de UPyD, quedará registrado para su eventual uso en el futuro, adolece -es verdad- de notables reticencias y ambigüedades, insinuando, en alguno de sus puntos, más que diciendo, lo que quiere expresar. Pero su innegable timidez no anula su trascendencia política. Es la primera vez que la práctica totalidad de la Cámara reconoce que la declaración del 20 de octubre de 2011 supone la prueba más fehaciente de «la victoria de la democracia sobre la organización terrorista ETA», otorgándole, por tanto, a dicha declaración el crédito que algunos le habían negado y dando por definitivamente terminada la actividad de la banda. Por otra parte, se interpretan de manera unitaria los motivos que han llevado a la citada victoria y se fijan, también con pleno acuerdo, tres ejes de actuación para el futuro: primero, la exigencia de disolución incondicional de ETA; segundo, el compromiso con las víctimas y, tercero, el esfuerzo en favor de una «convivencia social» fundada en los valores del Estado de Derecho. Es sólo un inicio, pero, también, todo un inicio. Hacía mucho tiempo que no se daba tanta unidad.
Al mismo tiempo en que este episodio tenía lugar en el Congreso, el Gobierno Vasco, a instancias de su Parlamento, anunciaba un nuevo paso en el reconocimiento de quienes deben considerarse víctimas de abusos policiales cometidos en los últimos años del franquismo. Pese a las complejidades que plantea y la conveniencia de mejor definir sus contenidos para ampliar el deficiente grado de acuerdo todavía alcanzado, el anunciado decreto aborda un asunto que, por delicado e incómodo que resulte, no puede quedar fuera del esfuerzo por lograr esa «convivencia social» a que la citada resolución del Congreso anima. Pero, más allá de todo esto, me gustaría subrayar un aspecto del decreto que guarda relación con el tercer episodio de esta semana.
Hoy mismo está teniendo lugar una reunión en la que la izquierda abertzale ha prometido una declaración solemne en torno a su lectura de los pasos que habrán de darse para culminar lo que ellos denominan «la resolución del conflicto político vasco». Se tratará, me temo, de una declaración insuficiente y decepcionante por su sesgo partidista. Valdrá, más que para ninguna otra cosa, para sembrar dudas en las filas del adversario. Constituirá, en este sentido, la primera prueba de la solidez del acuerdo que los partidos alcanzaron el martes pasado en el Congreso. Pero otro es el punto que me parece interesante plantear con esta ocasión.
A la izquierda abertzale le está costando Dios y ayuda explicar el papel que ha jugado a lo largo de estos años de terrorismo y reconocer la parte de culpa que ha contraído en el daño que ETA ha causado. El ‘y tú también’ o el ‘y tú más’ con que, en referencia al ‘Estado represor’, suele quitarse de encima su responsabilidad no puede servirle ya de excusa. Son ya muchos y muy importantes los pasos que la institución más representativa del pueblo vasco, su Parlamento, ha dado en orden a reconocer el daño injusto que ese Estado también ha causado mediante los abusos cometidos en su lucha contra el terrorismo. El decreto del Gobierno Vasco es el más reciente y no será el último. Supone una prueba del compromiso de las instituciones con todas las víctimas. Constituye, en este sentido, el espejo en el que la izquierda abertzale debe mirarse y el reto al que tiene que enfrentarse sin más dilaciones.
José Luis Zubizarreta, EL CORREO, 26/2/12