LA COMODIDAD y el analfabetismo de una casta política descastada nos ha hecho asumir como lógica una reforma de la Constitución que, en realidad, supone su liquidación, porque suprime «la soberanía del pueblo español», «de la que emanan todos los poderes del Estado». Doscientos años de lucha por la libertad ciudadana se resumen en esa proclamación: la soberanía del pueblo, de toda la nación española, sin señoríos ni parcelas de Poder hurtadas al común y beneficiarias de pósitos y pernadas medievales. Y toda esta regresión en algo esencial, la igualdad de los españoles ante la Ley, para contentar a los que, como advirtió Julián Marías a propósito del Título VIII, no se van a contentar.
Pese a tan sabias palabras, los políticos de la época constituyente querían que «los catalanes se sintieran cómodos», y hoy, con Cebrián al aparato, buscan «el encaje de Cataluña en España». O sea, que 40 años después no se han contentado los que viven muy bien del descontento, pese a que no hay región europea con el nivel de autogobierno de Cataluña, ninguna que haya convertido en norma el incumplimiento de la Ley ni que, representando al Estado, se haya alzado contra el Estado para destruirlo, que es lo que hace la Generalidad, sin que pase nada. Peor: llaman a declarar a unos golpistas que en el Parlamento regional proclaman la independencia, o sea, la destrucción de España, y se quejan del atropello. ¡Qué malcriados!
Lo único que no se ha probado en estos 40 años de democracia en España y 36 de dictadura nacionalista en Cataluña (la «dictadura blanca» de Pujol que anunció Tarradellas) es lo contrario: contentar a los españoles liquidando los privilegios de los antiespañoles, es decir, encajar la realidad jurídica de España en la ilegalidad política de Cataluña, no Cataluña en España, sino al revés, o sea, del derecho. La Generalidad paga cada mes a infinitos sujetos y organismos dedicados a la destrucción de España. ¡Qué gran momento la Navidad para que dejen de cobrar!
Es la ley de todos los españoles, la Constitución, la que debe reformar Cataluña, no el separatismo el que debe reformar España. Para eso tiene el Ejecutivo todo su poder: para que se cumpla lo que diga el Judicial. La encajera prodigiosa, o sea, Soraya, debería entender esto: aquí, o encajamos todos o no encaja nadie.