Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 21/9/12
L a detención ayer en distintos lugares de Galicia de una decena de personas -entre ellas los alcaldes de Ourense y Boqueixón-, por su presunta implicación en una supuesta tramade malversación y blanqueo de capitales, vuelve a traer al primer plano informativo situaciones que, por desgracia, son bien conocidas en España: la posible colusión ilegal entre intereses personales y empresariales realizada con la intención de obtener un mutuo beneficio.
La forma aparatosa en que se han llevado a cabo las detenciones y las medidas cautelares dictadas por la jueza en relación con algunos de los presuntos implicados parecen indicar que existen pruebas de cargo consistentes contra estos, pues sería de todo punto inaceptable que se procediese a la ligera cuando son tantos y tan difícilmente reparables los daños que una acción judicial imprudente podría provocar.
En primer lugar, y de forma primordial, el daño a los detenidos, que si finalmente resultasen no culpables no serían resarcidos jamás de los perjuicios sufridos en su honor, imagen y buen nombre. Es la llamada coloquialmente pena de banquillo, que puede sufrir un detenido aún en el caso de no llegar a sentarse nunca en él.
En segundo lugar, la lesión a los partidos implicados (el alcalde de Ourense es del PSOE y del PP el de Boqueixón), lesión que se multiplica de forma exponencial cuando faltan unos días para que comience una campaña electoral. Es verdad que la acción de la Justicia no puede estar sujeta al calendario electoral, pero lo es igualmente que algo tan serio en democracia como unas elecciones debe llevar a los jueces a extremar la prudencia antes de adoptar decisiones susceptibles de interferir de forma inadecuada en una consulta popular. Pues las elecciones no son un capricho o un divertimento de quienes en ellas participan sino uno de los instrumentos fundamentales de un sistema democrático.
Por último, aunque no en último lugar, un juez responsable jamás puede olvidar el estropicio, difuso pero evidente, que las acusaciones de corrupción provocan siempre en la imagen de las instituciones y de quienes las gestionan, estropicio formidable en un país en el que -con poderosos motivos, es verdad- la presunción social es la de que quien es acusado de corrupto suele serlo.
Es verdad, desde luego, que la indispensable acción de persecución de los delitos que llevan a cabo los policías y los jueces en cualquier Estado de derecho resulta irrealizable sin correr un cierto riesgo de generar daños a quienes, al final, puede terminar por demostrarse que no los merecían. Pero ese riesgo no puede acabar por quedar fuera de control, pues, de ser así, la acción judicial correría un riesgo cierto de producir más perjuicios -injustos por innecesarios- que los que trata de evitar.
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 21/9/12