El deber de decidir

AUNQUE Artur Mas se empeñe en la sesgada identificación retórica de libertad con independencia, Cataluña es una sociedad enteramente libre. Sus libertades civiles están amparadas por una de las constituciones más avanzadas de Europa y su amplio autogobierno por un Estatuto de rango cuasi confederal que les garantiza instituciones propias. Los catalanes tienen pleno derecho político a decidir y lo han ejercido desde 1977 en treinta y nueve elecciones y cuatro referendos. Y por más que el nacionalismo haya sembrado la falacia de la falta de soberanía al reclamar un inexistente sujeto político propio, gozan, como el resto de los españoles, de completa ciudadanía democrática.

Esa ciudadanía se ejercita a través de la responsabilidad individual del voto. Pero votar en libertad significa también asumir las consecuencias de esa decisión inalienable. El marco jurídico ampara un debate electoral sin cortapisas, en el que incluso la mentira o la manipulación forman parte del juego de argumentos cuyo contraste deben depurar los ciudadanos en el ámbito adulto de reflexión que proporciona la democracia. Ningún partido, ningún dirigente puede cometer una arbitrariedad o un disparate si no obtiene el apoyo del sufragio mayoritario. No caben, pues, excusas: las urnas carecen de libro de reclamaciones y cada cual debe conocer el efecto de sus propios actos.

Por tanto, de lo que suceda a partir de hoy serán los catalanes los principales responsables. El planteamiento está explícito: hay un bloque político expresamente decidido a quebrantar la ley y un Estado expresamente comprometido a defenderla. El conflicto no deja lugar a confusiones o inadvertencias: tal vez en lo único en que los soberanistas no han mentido es acerca de su intención de desafiar las normas para emprender de cualquier modo una secesión a la que legalmente no tienen acceso. Los ciudadanos lo saben, y tienen la oportunidad de impedir ese desafío o de alentarlo. Mañana ya no será posible depositar en el extravío de ciertos políticos o en la firmeza de otros la responsabilidad exclusiva de lo que pase.

El consentimiento social, por convicción, por comodidad, por miedo o por apocamiento, ha permitido alcanzar una situación límite de tensión. Sí, también han contribuido determinadas inacciones del Estado. Ocurra lo que ocurra será difícil evitar problemas, algunos para España y muchos, casi todos, para Cataluña. Pero las pautas de intensidad de esos problemas las va a marcar el resultado de hoy, suma de todas las decisiones –incluida la de no votar– de los catalanes censados. En las sociedades adultas no cabe el engaño, y el autoengaño implica consecuencias poco reversibles. Todo el mundo conoce ya lo que puede suceder y después de tanto ruido no valdrá la queja de estar desavisados. Más que el momento del derecho a decidir ha llegado el del deber moral y cívico de hacerlo.