El juez Pedraz imputa a Zapata por sus tuits y Carmena lo mantiene como edil

ABC – 26/06/15

· Será interrogado por humillar a las víctimas. Ahora Madrid ya cuenta con dos concejales imputados.
· El Gobierno de Manuela Carmena incumple de nuevo su código ético al mantener como cargo público a dos concejales electos imputados.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz citó ayer a declarar en esa condición a Guillermo Zapata, concejal del distrito de Fuencarral-El Pardo y Villaverde en Madrid, por un delito de «humillación a las víctimas del terrorismo». Deberá comparecer ante el magistrado el próximo 7 de julio a las 10.30 horas en la Audiencia Nacional.

Ese mismo día será interrogada como testigo Irene Villa por ser la víctima del delito, aunque se le ha ofrecido la posibilidad de cambiar la fecha si no quiere coincidir con Zapata, según informaron fuentes jurídicas. Está citada el 7 de julio a las 10.45.

El juez tomó esta decisión después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidiera la imputación del edil. El ministerio público considera que los comentarios escritos por Zapata en la red social Twitter provocan «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos de terrorismo o de sus familiares». Una conducta que está castigada en el artículo 578 del Código Penal y que puede suponer hasta dos años de prisión.

El escrito de la Fiscalía cita, en concreto dos tuits. En uno de ellos, Zapata se mofaba de Irene Villa, quien sufrió graves amputaciones cuando tenía doce años por un atentado de ETA. «Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcasser para que no vaya Irene Villa a por sus repuestos», decía el mensaje de enero de 2011. Irene Villa expresó ayer en un comunicado que no le molestan los chistes sobre ella, porque son un problema «de las personas que los hagan».

Descrédito y menosprecio

Las palabras tienen consecuencias. El ministerio público –que también menciona un tuit ofensivo contra los judíos– argumenta que castigar estos comentarios es una limitación «necesaria» de la libertad de expresión. «La humillación o el desprecio de las víctimas afecta directamente a su honor y a su dignidad», afirma el escrito de la fiscal Blanca Rodríguez, quien justifica que los mensajes de Zapata cumplen los criterios exigidos por el Tribunal Supremo para perseguir el delito del artículo 578 del Código Penal. Es decir, que los mensajes reúnan tres cualidades: desprecio, menosprecio y humillación contra las víctimas.

En el mismo auto, el magistrado admite a trámite la querella presentada contra el concejal por Dignidad y Justicia, una vez que la asociación de víctimas del terrorismo corrija los defectos de forma que cita el juez. La asociación no aportó sus estatutos ni un poder especial ni ratificó la querella. Además, el juez Pedraz impone a la asociación presidida por Daniel Portero una fianza de 20.000 euros para que se persone como acusación popular en el proceso. Esta cifra, sin embargo, podrá reducirse si la asociación lo solicita y aporta sus cuentas y presupuestos para justificar la rebaja.

Pero Zapata no es el único concejal imputado de Ahora Podemos. La portavoz del ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, está a la espera de que se celebre la vista oral donde será juzgada por un delito contra los sentimientos religiosos –que en su código ético refleja Ahora Madrid como delito contra los Derechos Humanos– tras su asalto a la capilla de Somosaguas de la Universidad Complutense, el 10 de marzo de 2011.

Maestre compareció ayer en el Palacio de Cibeles después de celebrarse la tercera Junta de Gobierno del ayuntamiento y sostuvo que su compañero de equipo Zapata seguirá representando a la ciudadanía. «La decisión está bien tomada, tiene sentido que dimitiera como concejal de Cultura, pero no de distrito porque no estaba expresando opiniones políticas cuando hizo aquellos lamentables y desafortunados chistes», señaló sin hacer ninguna alusión al código ético con el que se han comprometido todos. La portavoz de la corporación local instó a la Justicia a ser tan «rápida» en otros casos –el suyo se ha dilatado más de cuatro años–: «Respetamos todas las decisiones judiciales, creemos en la separación de poderes, esperamos o deseamos que ojalá la Justicia sea igual de rápida en el resto de procesos judiciales, que actúe con tanta celeridad cuando hay pruebas de delito». Ahora Madrid actuará en consecuencia cuando se conozca la resolución judicial.

Por su parte, Podemos también salió en su defensa. La portavoz y miembro de la ejecutiva del partido de Pablo Iglesias, Irene Montero, afirmó ayer que Zapata no debe dimitir porque ya ha dado la cara al dejar el área de Cultura.

ABC – 26/06/15