EL MUNDO 24/02/14
· Tras prestarse los verificadores al paripé, los dos etarras encapuchados metieron el armamento en una caja de cartón, la precintaron y se la llevaron
Verificado: ETA se quedó con las armas. Ese es el resultado de la declaración en la Audiencia Nacional de los dos miembros del Comité Internacional de Verificación que aparecen en el vídeo difundido el viernes por la banda terrorista. Según explicaron ayer al juez y la fiscal, no visitaron ningún zulo, no hablaron con los etarras y no llegaron a tocar las armas. Los encapuchados las metieron de vuelta en una caja de cartón que cerraron con celofán y con la que se quedaron. Los verificadores sólo se llevaron de algún lugar en las afueras de Toulouse el «compromiso verbal» de que los terroristas no volverían a usarlas.
El ceilanés Ram Manikkalingam, el sudafricano Ronnie Kasrils y el británico Chris Maccabe estaban citados a las 10.00 horas. Llegaron los tres en el mismo taxi, con algo de adelanto, tal vez por el impulso que les acababa de dar a las puertas del hotel el mismísimo lehandakari. Iñigo Urkullu había viajado a Madrid expresamente para darles su apoyo y ellos no dejaron de repetir su nombre cada vez que el juez o la fiscal les preguntaban con qué respaldos contaban para su labor.
El primero en sentarse frente al juez Ismael Moreno y la fiscal Carmen Monfort fue Manikkalingam, portavoz y del grupo y quien más detalles ofreció. Kasrils, el otro presente en el vídeo de las armas, confirmó los datos, mientras que Maccabe apenas aportó nada. Conforme a sus declaraciones, este es el relato –recibido con asombro en la Audiencia– de lo sucedido un día de enero en el sur de Francia:
Manikkalingam recibe uno de los habituales escritos de la banda, en el que les emplaza a presentarse en Toulouse en una fecha de enero que ayer no se determinó. Los únicos en viajar a la ciudad francesa son Manikkalingam y Kasrils. Llegan en tren. En la estación les espera un chico con la gorra calada y gafas de sol que les sube a una furgoneta y les lleva a algún lugar de las afueras de la ciudad. Ni les venda los ojos ni les pide que no miren, pero ellos tampoco tienen ni idea de dónde están. Al cabo de un rato, la furgoneta da un giro y entra en el garaje de una casa individual. Una puerta interior da acceso directamente a la habitación con las armas.
Cuando entran, el género ya estaba expuesto y hay tres encapuchados en la sala: los dos que aparecen en el vídeo y un tercero, también encapuchado, que está grabándolo todo con una cámara casera. Apenas cruzan alguna palabra: los mediadores no hablan español y los etarras no parecen andar sueltos en inglés.
Uno de los terroristas procede a exhibirles la lista de las armas y explosivos. Manikkalingam se la enseña a Kasrils, experto en explosivos, que echa un vistazo al folio y luego a la mesa para comprobar que cuadra. No tocan las armas en ningún momento ni pueden comprobar si han sido inutilizadas.
Manikkalingam asiente y firma el documento. Un etarra le pone el sello de la banda y los terroristas vuelven a meter el material en una caja de cartón. Cuando está todo, echan dentro la supuesta lista de su contenido, sellan la caja con celofán y despachan a los verificadores de vuelta a la furgoneta. Las armas se quedan con los encapuchados.
El precario precinto de la caja no tiene sello alguno que permita detectar si se vuelve a abrir. Lo único que los verificadores se llevan de vuelta a la furgoneta es el «compromiso verbal» de que los terroristas no van a volver a usar esas armas. El relato acaba con la vuelta a la estación de tren de Toulouse. No hubo más detalles: no podían reconocer a nadie y no tenían datos para localizar zulos de la banda.
Al margen del episodio de las armas, el juez y la fiscal interrogaron a los tres testigos por su papel de verificadores. De sus respuestas se extrae que cobran algo más de lo que se creía: no son 600, sino 750 euros por día de trabajo. El dinero proviene de un Gobierno escandinavo –probablemente Noruega, aunque no lo precisaron– y del Dialogue Advisory Group (DAG), un grupo de mediación basado en Amsterdam fundado y presidido por Manikkalingam.
El testigo añadió que el llamado Comité Internacional de Verificación lo puso en marcha él mismo tras recibir, en julio de 2011, una carta de la banda terrorista con la propuesta de intermediar. Es decir, que según su versión fue directamente la banda la que puso en marcha el comité.
Visto el resultado de las declaraciones de ayer, no parece que las diligencias abiertas vayan a tener gran recorrido ni que quepa pensar que la declaración de los otros tres verificadores –el que nunca llegó a España, el que ya se había marchado cuando le buscaron y la que se largó pese a la citación judicial– pueda aportar nuevos datos.
Los tres verificadores que sí comparecieron se mostraron siempre dispuestos a responder, sin reticencias aparentes. Eso sí, Manikkalingam rogó la máxima confidencialidad sobre lo que iban a relatar y rogó que nadie grabara con teléfono móvil. Ya más tranquilo, empezó a contar la historia de la caja de cartón…