José María Ruiz Soroa, DIARIO VASCO, 14/7/11
¿Son iguales todas las víctimas? No siendo empíricamente iguales, como no lo son, las víctimas de la violencia ilegítima deben ser tratadas igualmente, es decir, son iguales por relación a sus derechos
No puedo dejar de comprender a los dirigentes del Partido Popular cuando se rebelan contra la idea de que las víctimas del terrorismo sean igualadas con las víctimas de los abusos policiales o del contraterrorismo practicado durante años desde los aledaños del Estado. Porque tienen razón, sin duda, cuando alegan que ciertas fuerzas políticas reclaman esta igualación sólo para diluir la responsabilidad de los terroristas en un ‘totum revolutum’ en el que cualquier sufrimiento humano valga políticamente lo mismo y, de esta forma, la historia vasca de los últimos cuarenta años se escriba como un desencuentro desgraciado del que todos serían responsables. Y la responsabilidad de todos, es sabido, es la responsabilidad de nadie.
Pero comprender no significa estar de acuerdo: no puede aceptarse como correcta la división del universo moral vasco en víctimas del terrorismo y victimarios, excluyendo de toda consideración a las otras víctimas, a todos aquellos que han sido objeto de violencia ilegítima por parte de servidores del Estado. Entre otras razones, porque una tal exclusión cuestionaría de raíz los mismos valores sobre los que nos fundamos todos los que condenamos el terrorismo, incluidos los populares. La superioridad ética del Estado de Derecho se manifiesta, precisamente, en que no permite hacer diferencias cuando se habla de violaciones de la dignidad humana, ni justificarla en razones utilitarias de clase alguna, incluso las de combatir el terrorismo.
¿Son iguales todas las víctimas? Esta es la manzana de la discordia, y para salir de su negativo influjo quizás sea conveniente reflexionar un poco sobre la complejidad del concepto mismo de igualdad, que es un término cuya aparente simplicidad extravía fácilmente a quien lo utiliza. Porque la igualdad nunca es absoluta (dos cosas absolutamente iguales serían la misma cosa), sino relativa a algo.
La pregunta correcta no es ¿son iguales?, sino ¿son iguales respecto a qué? Y en este punto, se comprueba de inmediato que la igualdad puede significar dos cosas muy distintas: igualdad descriptiva e igualdad performativa. Un ejemplo: cuando las Constituciones proclaman que todas las personas somos iguales a pesar de ser distintas en nuestro sexo, raza, nacionalidad, condición y cultura, están afirmando algo que sólo puede entenderse desde esta distinción; puesto que están diciendo que las personas somos descriptiva y empíricamente desiguales, radicalmente desiguales, y sin embargo debemos ser tratadas de manera igual. Desigualdad en sentido descriptivo (ser), igualdad en sentido performativo (deber ser).
Pues bien, lo mismo sucede con la idea de igualdad aplicada a las víctimas: que no son descriptivamente iguales, que no son iguales los asesinados por ETA y los torturados por la policía, no son iguales los muertos por saltarse un control y los muertos por salir a tomar café, los muertos porque estorbaban a un proyecto político totalitario y los muertos porque había que combatir a ese proyecto como fuera, los muertos de los trenes de Atocha y los muertos en su refugio de Pakistán. Hay un mundo de diferencias entre ellos, que es legítimo subrayar cuando se describe la realidad y cuando se actúa desde la política. Aunque también es cierta una cosa: que las víctimas de los excesos de los servidores del Estado nos interpelan a nosotros, a quienes defendemos a ese Estado de Derecho, con más acuciante exigencia que nuestras propias víctimas: porque, eso es lo terrible, son víctimas de una violencia ejercida torcidamente pero en nuestro nombre o en nuestro interés.
Pero no siendo empíricamente iguales, como no lo son, las víctimas de la violencia ilegítima deben ser tratadas igualmente, es decir, son iguales por relación a sus derechos. Todas tienen los mismos derechos, y no sólo en el plano de la justicia represiva o sancionadora. Todas tienen derecho a su reconocimiento, a ser restauradas en su dignidad mancillada, a la verdad pública de lo sucedido, al respeto a su memoria. Sólo con quienes además de víctimas son victimarios habrá que restringir ese derecho a la igualdad de trato, pues su propia doble condición no permite su reconocimiento genérico.
Y es que, al final, la diferencia esencial entre quienes asumen los valores del Estado de Derecho (pero los asumen ‘en serio’) y quienes viven en los valores de su tribu, su etnia o su ideología, radica precisamente en su diversa disponibilidad para reconocer la ilegitimidad de la violencia arbitraria y para acudir a los actos de reconocimiento a favor de sus víctimas. Sea Otegi sea Martín Garitano, ambos nos muestran la cara de quienes sólo reconocen a sus muertos o sus dolientes, los que no pueden condenar la violencia terrorista porque es ‘la suya’. Nosotros, en cambio, no podemos sin contradecirnos hacer nuestra ninguna violencia ilegal. Todas las víctimas merecen el mismo trato igual. Es así de inevitablemente simple.
José María Ruiz Soroa, DIARIO VASCO, 14/7/11