EL MUNDO

· Suspende los permisos de los agentes e incorporará efectivos desde otras comunidades.

· La Policía Nacional contará con casi todos sus efectivos destinados en Cataluña para el 1 de octubre, cuando está prevista la celebración del referéndum por la independencia que el Govern convocó de forma oficial el miércoles.

Además, el Ministerio del Interior estudia también un incremento en el número de agentes del cuerpo en una cifra que se determinará una vez superada la Diada de Cataluña que se celebra este lunes.

La Jefatura Superior de Policía de Cataluña, en coordinación con Interior, se asegurará de que los 2.900 agentes aproximados que el cuerpo tiene en plaza fija en Cataluña estén disponibles para el 1-O. Para hacerlo, el jefe superior de la Policía en Cataluña, Sebastián Trapote, firmará esta misma semana una orden por la que se suspenderán los permisos reclamados desde ahora y hasta la fecha del referéndum considerado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC), según confirmaron fuentes policiales conocedoras del despliegue. Los permisos otorgados con anterioridad a la orden se mantendrán vigentes.

A los 2.900 agentes se sumarán en las próximas semanas más uniformados enviados de forma excepcional desde otras jefaturas autonómicas. Sin embargo, la cifra total de efectivos todavía se desconoce y se determinará durante las reuniones que mantendrá el jefe superior de Cataluña en el Ministerio a lo largo de los próximos días.

Cabe destacar que el refuerzo de agentes de otras autonomías servirá para compensar el déficit de agentes de la Policía que arrastra Cataluña desde hace años. Según datos de los sindicatos, la Policía únicamente llena el 70% de plazas que se encuentran actualmente disponibles en todo el territorio catalán.

La primera prueba para calibrar cuál será el despliegue definitivo para el 1-O se vivirá el lunes, durante la Diada. Para entonces ya serán movilizados todos los agentes disponibles, incluidos los destinados a unidades de investigación criminal, antiterrorismo y la Policía Judicial y que podrían acabar ejerciendo vigilancia a pie de calle. Ello permitirá comprobar la necesidad real de efectivos para el día del referéndum.

Uno de los aspectos que mayor peso ocupa en los planes del Ministerio son las eventuales movilizaciones que grupos de la izquierda independentista –la CUP, Arran y colectivos afines– puedan convocar durante la Diada ante edificios propiedad del Estado como las delegaciones del Gobierno o las propias jefaturas de Policía en las cuatro provincias catalanas. El jueves ya se vivió ante la Delegación del Gobierno en Barcelona un anticipo de lo que puede repetirse el 11 de septiembre. La CUP convocó por la mañana una concentración frente a la delegación a la que acudió una veintena escasa de personas. En la calle Mallorca les esperaban 10 furgonetas de las Unidades de Intervención Policial (UIP), más de una veintena de agentes antidisturbios y un sistema de vallado para proteger el edificio.

Al refuerzo e incremento previsto por la Policía se sumará la Guardia Civil. El miércoles se supo también que quedan suspendidos los permisos de un mes con los que cuentan los agentes del cuerpo militar que piden un traslado de destino. En este caso, el veto a los permisos afecta a aproximadamente 200 agentes que habían pedido y obtenido el permiso para ser trasladados a otras autonomías. Los cambios de destino debían iniciarse, precisamente, el 11 de septiembre. Sin embargo, Cataluña será la única comunidad autónoma donde los agentes que deben cambiar de destino no puedan hacerlo. Además, está previsto que ese mismo día lleguen a territorio catalán los agentes que, en paralelo, lo hayan escogido como destino. Es decir, que se producirá un incremento de agentes de forma temporal sobre el territorio al menos durante un mes.

Ninguna fuente oficial ha confirmado que la decisión guarde relación con el proceso soberanista. La proximidad del referéndum y el peso que la Guardia Civil tiene en las investigaciones judiciales abiertas sobre el procés apenas dejan lugar a las dudas. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) da por hecho que todo responde al 1-O. También denuncia que la velocidad y lo imprevisto de la decisión provoca problemas a los agentes que ya habían iniciado mudanzas a sus nuevos destinos.