Ignacio Camacho-ABC
- Al prófugo lo ha de traer la justicia, no el Gobierno. Pero ayudaría que el Ejecutivo deje de sabotear el procedimiento
Primero fue Sánchez -el Sánchez de antes, el que se comprometía a hacer las cosas que el Sánchez de después no haría- quien dijo que iba a «traer de vuelta» a Puigdemont para ponerlo a disposición de la justicia. El domingo lo repitió Casado, en vista de que la promesa del presidente anda muy decaída. Ambos hablan del asunto como el Indio Fernández en «Quiero la cabeza de Alfredo García», aquella película de Peckimpah tan maltratada por la crítica. Como si se pudiese enviar por Europa a una brigada de cazarrecompensas o al comando clandestino del Mossad que capturó a Eichmann en Sudamérica. Retórica autoritaria de brocha gruesa para apaciguar a una opinión pública irritada por la evidencia de que el principal líder de la insurrección independentista se pasea impune por las instituciones de Bruselas.
Ambos saben que sólo los jueces pueden traerlo, y que para ello es necesario que la Corte de Luxemburgo resuelva antes la consulta prejudicial sobre la inmunidad de un miembro del Parlamento europeo. Será el año que viene si la Abogacía del Estado no pone más trabas al procedimiento, como ha venido haciendo al comunicar por su cuenta al tribunal comunitario que la orden internacional de extradición quedaba en suspenso. Una decisión insólita en la que la representación jurídica del Gobierno se arrogó la facultad de contradecir sin más el criterio expreso del instructor del Supremo. Ante semejante embrollo, los magistrados de Sassari han hecho lo que se esperaba: sacarse el problema de encima y dejar que sea el TGUE el que decida sobre una materia de patente complejidad jurídica. Patada hacia arriba y a otra parte con el litigio garantista. El prófugo puede continuar de momento su confortable vida y hacer turismo por países donde haya comunidades separatistas. Menos Canadá, que le ha denegado el permiso para la visita ahora que la cuestión de Quebec está tranquila.
En realidad, y habida cuenta de que ya no se llevan las operaciones de secuestro en el extranjero, el Ejecutivo español ya cumpliría con no entorpecer ni dilatar adrede el pleito. El alegato de los letrados gubernamentales, esgrimido ayer por los defensores de Puigdemont ante el juzgado italiano, constituye un amparo ‘de facto’ a los intereses del fugado, por ahora coincidentes con los de un Sánchez temeroso del escándalo que otro juicio al ‘procés’ causaría en el último tramo de su mandato. Los juristas de la UE deben de estar desconcertados ante un país que reclama la entrega de un evadido para acabar indultándolo. A poco que lean la prensa sabrán que algunos ministros consideran al dirigente catalán un exiliado político, una especie de mártir al que un aparato judicial contaminado de tardofranquismo persigue por el delito de mantenerse fiel a sus principios. Y es posible que concluyan que no ven motivo para respetar a un Estado que no se respeta a sí mismo.