En los órganos centrales del Estado la lengua a emplear es la común, ya que en ellos se viven y encarnan las cosas compartidas por todos los españoles. El problema surge cuando determinadas fuerzas sociales y políticas no desean en realidad ver respetada la diferencia, sino negar lo común.
Tanto en el Congreso como en el Senado se han producido recientemente incidentes provocados por diputados o senadores que han formulado antirreglamentariamente preguntas en catalán. La forma de solucionar estas alteraciones del ordenado discurrir de los debates por parte de los presidentes de las correspondientes sesiones no ha obedecido precisamente a la unidad de criterio. Así, Manuel Marín ha intentado recurrir al humor utilizando a su vez la lengua de Verdaguer e invitando al infractor a «hacer en Roma como los romanos». Javier Rojo, por su parte, ha llamado al orden al senador díscolo y ha anunciado sorprendentemente un estudio técnico sobre la utilización de lenguas cooficiales en las actividades parlamentarias. La vicepresidenta Carme Chacón, cuyo apellido demuestra que sin las valiosas aportaciones de población procedentes de otras partes de España, Cataluña no tendría hoy un peso demográfico suficiente como para sostener su lengua autóctona, se limitó a preguntarle al ministro Montilla, ilustre nacionalista socialista catalán nacido en la provincia de Córdoba, si había entendido al interpelante y si deseaba o no responder. El ministro Josep, nacido José, pasó sin más a contestar en castellano y su interlocutor, cumplida la parte subversiva de su intervención, siguió el diálogo también en el idioma oficial del Estado.
En fin, como se ve, un perfecto aprovechamiento del tiempo y las energías de sus señorías al servicio del interés general al que supuestamente sirven. Lo más inquietante de toda esta historia es la reacción de las más altas autoridades de ambas Cámaras, que oscila entre la desorientación, la complicidad o la salida por peteneras. El fondo de la cuestión, al que nadie alude, es que el principio de pluralidad es de aplicación universal y vale lo mismo para el conjunto de España que para Cataluña en particular. De acuerdo con este principio, en el Parlamento, los ayuntamientos, el sistema educativo en todos sus niveles, los centros sanitarios, la Administración de la Generalitat, los medios de comunicación públicos de ámbito autonómico y las instancias de la sociedad civil organizada, está aceptado y asumido en Cataluña que la lengua de uso exclusivo sea el catalán. Se ejemplifica así el hecho diferencial constitucionalmente consagrado. Pues bien, por exactamente el mismo motivo en los órganos centrales del Estado la lengua a emplear es la común, ya que en ellos se viven y encarnan las cosas compartidas por todos los españoles, nacionalistas catalanes incluidos. El problema surge cuando determinadas fuerzas sociales y políticas no desean en realidad ver respetada la diferencia, objetivo plenamente cumplido, sino negar lo común, propósito destructivo e inconstitucional. Eso es lo que han de entender la tercera y la cuarta autoridad del Estado y actuar en consecuencia, sin complejos ni despistes.
Aleix Vidal-Quadras, LA RAZÓN, 25/6/2004