EL MUNDO 16/03/13
El Gobierno rechaza que Bildu defina el asesinato de Buesa como «muerte política»
Los parlamentarios vascos regresaron ayer a sus escaños en Vitoria tras un pleno crispado por el modo como la izquierda abertzale sigue viendo los casi 900 asesinatos de ETA. La definición que de ellos hizo un día antes Laura Mintegi (EH Bildu) generó la respuesta del Gobierno de Rajoy que, por boca de la vicepresidenta, calificó sus palabras de «intolerables» e «inaceptables».
Soraya Sáenz de Santamaría afirmó que la descripción del asesinato del socialista Fernando Buesa como «muerte» de origen «político» y, por tanto, «evitable», no puede ser aceptada, porque los atentados de ETA fueron actos terroristas y, como tales, delitos. La vicepresidenta, no obstante, dejó en manos de la Fiscalía General del Estado el «análisis» sobre la posibilidad de actuar contra las declaraciones de Mintegi.
Como en ocasiones anteriores, quien sí señaló ese camino fue el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, que opinó que con las palabras de Mintegi «siguen acumulándose razones para ilegalizar» las siglas abertzales. Señaló la «obligación» del Estado de Derecho de «dejar sin representación institucional» a los partidos que lo hacen.
La sombra de la ilegalización está ahí, aunque es evidente que el Gobierno sólo pretende utilizarla como amenaza, frente a las reclamaciones constantes de UPyD y asociaciones como la AVT y Covite, que recuerdan que el Constitucional fijó que Sortu será legal mientras no cruce líneas como la justificación del terrorismo. Un asunto complejo cuando se trata de descubrir lo que se oculta detrás de un lenguaje ahora sutil.
Fue la sutileza que suele emplear Mintegi lo que el jueves le falló. Ante una Cámara que le pedía que asumiera su responsabilidad en los asesinatos de ETA, ella habló de unas «muertes» que podrían haberse impedido si se hubiera «dialogado» sobre el conflicto vasco.
Los populares buscaban desnudar a la antigua Batasuna antes del inicio de la ponencia sobre paz y convivencia y lograron más de lo que esperaban. No sólo la posposición sine die de la ponencia, sino que PSE y PNV se pusieran de su lado. Aunque ambos pidieron al PP que suavice el tono y busque acuerdos ante la oportunidad del cese definitivo de ETA.
Ayer la izquierda abertzale guardó silencio ante las desafortunadas palabras de Mintegi, que, por otra parte, respalda la mayoría de ellos. Fue Juanjo Agirrezabala, de EA, quien envió un comunicado para referirse a las consecuencias de su declaración, pero no a su contenido. Reprochó a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, del PNV, que haya «cedido ante quienes desean boicotear» la ponencia.
Fuentes del PP apuntaron ayer que el partido quiere volver a elevar el pistón de sus condiciones, reclamando de nuevo a PNV y PSE que EH-Bildu no pueda participar en la ponencia si antes no condena a ETA. Un propósito que difícilmente se cumplirá. Mientras tanto, en la trastienda, nacionalistas y socialistas procuran evitar la espantada del PP vasco. Ayer lo intentó públicamente el lehendakari Urkullu que, en una respuesta muy conciliadora a Antonio Basagoiti, le garantizó que ni el Parlamento ni el Gobierno vasco ni él mismo -«conoce mi trayectoria», le dijo- «legitimarán nunca a ETA».