Mas da cuerpo a los «chiringuitos» de la secesión

ABC, 02/05/13

La burocracia independentista eclipsa la acción de gobierno de CiU Los órganos creados son el embrión de las estructuras de Estado prometidas por Mas

Apenas han pasado cinco meses desde las elecciones autonómicas en las que Artur Mas revalidó la presidencia de la Generalitat, en esta ocasión con la promesa de embarcar a Cataluña en una transición nacional hacia el Estado propio. Pero en este corto periodo de tiempo, el líder de CiU ha sido especialmente activo en la creación de órganos destinados a impulsar su proyecto soberanista, que debe culminar en una consulta sobre el Estado propio en 2014.
Esta burocracia independentista eclipsa cualquier otra acción de gobierno pues, como se sabe, todos los esfuerzos están centrados en el derecho a decidir, al que también se ha dado prioridad a nivel parlamentario, pues la semana próxima se constituirá en la Cámara catalana la Comisión encargada de trabajar en favor de la autodeterminación, mientras que el pleno monográfico sobre reactivación económica no tiene fecha. Las críticas de la oposición fueron unánimes, por lo que Mas se vio obligado ayer a convocar para el 15 de mayo una reunión para reactivar el Acuerdo Estratégico y establecer un marco de diálogo y de concertación social. No obstante, se mantiene la cumbre prevista para el lunes, que debe servir de embrión del futuro Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.
Consejo, Comisión, Comisariado, Pacto, Programa… La terminología de los «chiringuitos» independentistas es variada, pero todos pretenden sentar las bases de las «estructuras de Estado» prometidas por los nacionalistas. Algunas no suponen un coste añadido para las arcas catalanas, como es el caso del Consejo para la Transición Nacional, pero su constitucionalidad es dudosa, según PP y Ciutadans. Otras implican costes añadidos, como el Comisariado del Tricentenario o el programa para la creación de la Hacienda Pública. Algunas estructuras ya aparecen en los presupuestos de la Generalitat desde hace años, como la acción exterior y el Consejo de Garantías. Otras, como el Banco Nacional de Cataluña, están por crear.

· Consejo para la Transición Nacional
Presidido por el exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver Pi Sunyer, este Consejo se encarga de asesorar técnicamente a la Generalitat en la organización de la consulta. Entre sus miembros figuran sociólogos, economistas y la mediática Pilar Rahola. El objetivo que se marcó en su reunión del pasado 11 de abril es elaborar veinte informes en 2013 para crear las denominadas «estructuras de Estado» y en concreto uno que entregará antes de verano para organizar una consulta de autodeterminación.

· Comisión sobre el Derecho a Decidir
El pleno del Parlamento catalán previsto para el 8 de mayo aprobará la creación de una Comisión sobre el Derecho a Decidir basándose en una propuesta de resolución apoyada por CiU, ERC, ICV y CUP. Su finalidad es consensuar el camino hacia el referéndum sobre la independencia. PP y Ciutadans se han desmarcado. La comisión estará formada por dos diputados de cada grupo y presidida por la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. No se ha fijado una fecha límite para los trabajos, que se realizarán en esta legislatura. El Gobierno autonómico quiere que en ese pacto estén presentes las formaciones políticas que apoyan la transición nacional catalana, así como alcaldes y agentes sociales. La idea es visualizar el apoyo del PSC a la causa soberanista de CiU. El presidente Artur Mas ha convocado para el próximo lunes una cumbre que servirá de embrión de ese pacto. Asistirán al encuentro los presidentes de las cuatro diputaciones catalanas; el alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU) y representantes del Consejo de Gobiernos Locales.

· Consejo de Garantías Estatutarias
El Estatuto prevé este Consejo, una especie de tribunal constitucional a la catalana, que vela por el ajuste de las leyes a la Constitución y al propio texto estatutario. Se ha convertido en un instrumento fundamental para recurrir normas estatales que supuestamente invaden competencias catalanas. Cuesta al año 3,4 millones, la mitad destinados a pagar a sus altos cargos.

· El Banco Nacional de Cataluña
Uno de los proyectos de esta legislatura que CiU y ERC firmaron por escrito es la transformación del actual Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en el banco público de Cataluña. Una conversión que se haría mediante una ley de banca pública. El propio Artur Mas confesó que se necesita dinero para crear este órgano que regularía la política monetaria en Cataluña.

· Comisariado del Tricentenario
En la anterior legislatura, el Gobierno de CiU creó este organismo encargado de organizar el tricentenario de 1714, fecha que para el soberanismo implica la pérdida de libertades catalanas y dota de contenido a la Diada del 11 de septiembre. Este evento tendrá lugar en 2014, año en el que está prevista la celebración del referéndum. Al frente de este Comisariado está el periodista Miquel Calçada. El coste de la oficina técnica que organizará estos fastos asciende a un millón de euros.

· Consejo de la Diplomacia catalana
El Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) es la red exterior creada para difundir su proyecto soberanista y crear complicidades internacionales. Su responsable, Albert Royo, ya ha contactado con el asesor del Tribunal de La Haya Sir Michael Wood sobre la independencia de Kosovo. Diplocat se apoya en la red comercial catalana y en las seis «embajadas» catalanas. Depende de la Secretaría de Exteriores de la Generalitat, que tiene un presupuesto de 25,4 millones anuales.

· Programa para la hacienda propia
El Gobierno catalán aprobó hace un par de semanas la creación del programa para definir una hacienda propia. Y ha fichado a un inspector de la Agencia Tributaria española, Joan Ignasi Capellas, para tutelar el nuevo modelo de gestión que se aplicará a la Agencia Tributaria de Cataluña. Cobrará 103.000 euros al año. La Generalitat anima a los municipios independentistas a pagar sus impuestos en la Agencia catalana a modo de gesto insumiso, aunque después transfiere el dinero al Estado.