EDITORIAL-EL ESPAÑOL

Pere Aragonès rompió hace una semana la baraja de la legislatura al convocar elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña y Carles Puigdemont la rompió ayer jueves por segunda vez anunciando su candidatura a la presidencia de la Generalitat. Precisamente, lo que ERC pretendía evitar adelantando los comicios con el pretexto de una disputa menor con los ‘comunes’ de Jéssica Albiach y Ada Colau.

El discurso con el que Puigdemont anunció su candidatura tuvo lugar en la ciudad francesa de Elna, una localidad de la «Cataluña francesa» cargada de simbolismo ya que en ella nacieron cuatro presidentes de la Generalitat, de acuerdo con la peculiar contabilidad del nacionalismo catalán, que se remonta hasta 1359.

Pero Puigdemont no se limitó a anunciar su candidatura. Dijo que su «retorno» como «presidente en el exilio» no puede ser «fruto de una rendición o de una chaladura personal», pero tampoco «un acto de servicio a un partido».

Puigdemont no hará campaña en territorio español, pero volverá a Cataluña «si hay una mayoría parlamentaria» que le propone como candidato.

Ese fue ayer el verdadero órdago de Puigdemont, más allá de la mera presentación de su candidatura. El anuncio de su retorno, pero sólo si es para ser presidente. Un mensaje claramente dirigido a un independentismo que ayer escuchó también cómo el expresidente se atribuía haber conseguido más cesiones del Gobierno en apenas 120 días (lo que llevamos de legislatura) que ERC gobernando desde la Generalitat.

Y entre esas cesiones, y más allá de la ley de amnistía, la propia investidura de Sánchez, que fue pactada «fuera de España»; el «acuerdo de Bruselas», que consiguió que el Gobierno del PSOE aceptara la existencia de «una persecución histórica de Cataluña» por parte de España; la «normalización» del catalán en el Congreso y la iniciativa para conseguir lo mismo en la UE; las «reuniones» en Suiza con un mediador; e incluso el compromiso del Gobierno para una revisión del sistema de financiación de Cataluña.

Unas cesiones que el Gobierno ha concedido a cambio de una presunta pacificación de Cataluña que ayer quedó rebatida cuando Puigdemont anunció que si las negociaciones con el PSOE para la celebración de un referéndum de independencia pactado «no dan fruto», Junts optará por la vía unilateral «si esta es la voluntad de los catalanes».

Puigdemont desafió también a los jueces españoles, expuso sus condiciones para mantener el apoyo a Sánchez, se desvinculó del «bloque progresista» diciendo que Junts no está para mantener al presidente en la Moncloa sino para conseguir la independencia de Cataluña, y recordó que, seis años después de su fuga, «todos los intentos para seducirnos con indultos o ‘soluciones felices’ han fracasado».

Puigdemont ha definido el marco del relato del independentismo para los comicios, absorbiendo todo el protagonismo y convirtiendo las elecciones del 12 de mayo en un plebiscito sobre el referéndum de independencia.

A su favor juega la desastrosa gestión de ERC, que ha sido incapaz de solucionar la sequía que afecta a Cataluña, el incremento de la delincuencia, la subida de los precios de los alquileres provocada por las leyes más intervencionistas del país y la huida de empresas e inversores a comunidades más receptivas al libre mercado.

En su contra, las buenas perspectivas de un PSC al que ahora parece casi imposible descabalgar del primer puesto en los sondeos y la idea, que el PSOE intentará explotar a fondo, de que el voto a Puigdemont supone una vuelta a los conflictos del pasado.

Pero lo cierto es que el mensaje del líder de Junts fue emitido en una frecuencia de onda que los independentistas oyeron claramente. Y ese mensaje dice que la independencia es posible y que la ventana de oportunidad para hacerla posible está frente a sus ojos y tiene un nombre: Pedro Sánchez.